Economía
Se complicó comprar y vender vivienda en Colombia: esta es la decisión que asusta a muchos
Estos serán los cambios que impactarán al sector vivienda.
Hace algunos días, las tarifas de retención en la fuente en Colombia se modificaron tras la expedición del Decreto 0572, emitido por el Gobierno nacional, con el objetivo principal de anticipar el recaudo del impuesto sobre la renta correspondiente al año 2026.
Esta medida busca aliviar el déficit fiscal del país, que alcanza casi el 7 % del PIB, representando un faltante de al menos 12 billones de pesos. El Ministerio de Hacienda estima que esta estrategia podría recaudar alrededor de siete billones de pesos, equivalentes al 0,4 % del PIB.
Entre los efectos que traería la decisión se vería un gran impacto en los procesos de compra y venta de vivienda.
Un análisis de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) dio a conocer las posibles consecuencias que traería el decreto. Esto debido a que se modifican las tarifas de autorretención en la fuente, que son aplicables a las actividades económicas.
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Específicamente la norma introduce dos modificaciones normativas que afectan de manera directa la actividad de gestión y compraventa de bienes inmuebles, además de la actividad de corretaje, es decir, de comisiones.
En ese sentido, Fedelonjas solicitó la revocatoria de la norma, sumándose a un gran número de voces que han sido expresadas por empresarios, líderes gremiales y expertos tributaristas.
Adicional al incremento de la tarifa de autorretención, también indican que la reducción en el umbral exento de retención en ventas de vivienda sería otra consecuencia. Estos cambios representan retos significativos para el sector inmobiliario.
A partir del 1 de junio aumenta la carga tributaria anticipada. Es decir, a partir de la fecha se eleva la tarifa de autorretención en la fuente de actividades CIIU 6820, que son actividades inmobiliarias, las cuales pasan de 1,1 al 3,5 %.
Entre los efectos, además de la ralentización en el mercado de vivienda, hay un aumento en la retención de operaciones entre particulares y una carga operativa adicional para notarías y fiduciarias.
