Escándalo en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada: errores del Gobierno Petro estarían beneficiando a grupos ilegales

El Gobierno de Gustavo Petro trata de apagar un gran incendio que provocaron sus funcionarios en la Superintendencia Nacional de Vigilancia y Seguridad Privada entre 2023 y 2024.

SEMANA revela la historia que sacude a la entidad y los nombres de las personas que estarían involucradas en el escándalo, cuyas decisiones y supuestos errores habrían afectado el orden público en Colombia, pues una de las hipótesis es que algunos servicios autorizados habrían terminado en manos de ilegales.

La misión de la superintendencia es dirigir, coordinar y ejecutar la inspección y control de todos los servicios de vigilancia y seguridad privada que se desarrollen en el país, así como expedir las licencias de funcionamiento, credenciales y permisos a los respectivos prestadores. Esa tarea no se habría cumplido correctamente, según los hallazgos de una auditoría interna de la SuperVigilancia.

En el documento conocido por SEMANA se detectaron presuntas irregularidades en la emisión de 18 licencias para empresas de seguridad privada en Cali, Bogotá, Barranquilla, Yopal, Bello, Neiva, Zipaquirá y Medellín. Esos permisos fueron avalados por el superintendente del momento, Alfonso Sneider Manzur Arrieta, quien renunció antes de conocerse los extraños movimientos, y un comité de la entidad.

Fuentes cercanas al proceso narraron bajo reserva que el problema que se descubrió es de alta gravedad, dado que algunas licencias pudieron haber sido utilizadas por estructuras criminales para acceder a armamento y operaciones de vigilancia con la complacencia del Estado.

Las sospechas y señalados

La alarma se encendió en el primer semestre de 2024 cuando los auditores no encontraron los soportes documentales de las 18 licencias, guardados tradicionalmente en el aplicativo ESigna, y se emprendió su búsqueda, hallándolos en una copia de seguridad que la misma superintendencia activó para evitar la destrucción u ocultamiento de archivos públicos.

El análisis de la información causó una gran polémica y obligó a la entidad a informarle a la Fiscalía: “Los actos administrativos no son legítimos ni auténticos, no solo por no cumplir con el lleno de los requisitos legales para acceder a las licencias de funcionamiento, sino también porque en alguno de ellos se detectó información que no se ajusta a la realidad”.

Una de las inquietudes está relacionada con la contadora que certificó la información financiera y contable de ocho de las 18 empresas de seguridad que recibieron licencias, Olga Lucía Acosta Cifuentes, “quien siendo contratista de la SuperVigilancia no consideró manifestar conflicto de interés en cada caso”, se lee en un fragmento de la auditoría a la que accedió SEMANA.

Los cuestionamientos no pararon allí. Al parecer, ella presentó una tarjeta profesional errónea y no fue detectada por los funcionarios de la superintendencia que le dieron los permisos de las compañías. “Realizada la consulta en la Junta Central de Contadores Inscritos, aparece con el nombre de la profesional Yamileth Trujillo Ossa”, se registró en el mismo archivo.

De igual manera, levantó sospechas el tratamiento que les dio la entidad a tres empresas de seguridad privada, Globaltech Security, Vigil Security e Ironguard, pues tan solo bastó un día a fin de autorizar las licencias para la presentación del servicio de vigilancia y seguridad privada, cuando por lo general son trámites de largo aliento y de demoras.

La superintendencia reconoció la posible irregularidad: “El tiempo mínimo de respuesta con el que se cuenta para la expedición del acto administrativo es de 30 días hábiles, porque debido a su complejidad se deben agotar unas etapas determinadas, entre otras, la obligación del funcionario de solicitar los antecedentes penales de los accionistas de la sociedad y los directivos”.

Este último procedimiento, por lo menos, se extiende cinco días. Por su parte, la verificación del patrimonio que reporta cada empresa implica indagar con la entidad bancaria correspondiente con el ánimo de que se certifique la existencia de ese patrimonio, y eso podría llegar a tardar hasta 20 días. La interpretación de la SuperVigilancia es que podría haber inconsistencias en los trámites.

“Lo anterior indica que, conforme al procedimiento previsto, no es racionalmente posible expedir licencia de funcionamiento en tan solo un día de transcurrida la radicación de los documentos”, señaló la entidad en una comunicación enviada a la Fiscalía, en la que solicitó la investigación de los funcionarios detrás de los avales.

¿Qué hay detrás?

Al parecer, se habría cometido el delito de falsedad ideológica en documento público con prevaricato por acción, y los mencionados son Alfonso Sneider Manzur Arrieta, exsuperintendente de Vigilancia; Paola Salazar Narváez, exsuperintendente delegada para la operación; Rodrigo Andrés Linares Díaz, asesor de despacho; dos profesionales de defensa más y seis contratistas.

Alfonso Sneider Manzur Arrieta defendió su gestión en SEMANA. Negó irregularidades en la emisión de licencias y desconoció que su salida de la entidad esté relacionada con este escándalo. En particular, sobre las licencias exprés detalló: “Yo era el que firmaba. Tiene que haber un responsable o alguien cometió un error disciplinario en ese proceso, que la pasó para firmar”.

Al ser cuestionado sobre si no leía lo que firmaba, dijo: “Claro que sí. Eso es un comité que a uno le presenta la licencia que uno va a firmar. Si todo el comité está de acuerdo, yo como superintendente no podía oponerme, porque es un comité completo que expide la licencia, no es el superintendente; eso tiene varios procesos. Si existe un error, debieron abrir una investigación”.

La actual superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Yennifer Edilma Parra Moscoso, evitó referirse en SEMANA al proceso porque está en manos de la Fiscalía, pero advirtió que el presidente Gustavo Petro está al tanto de la situación: “El presidente fue alertado en su momento y, de inmediato, dio la orden de remover a los funcionarios y denunciarlos”.

Además de las denuncias de los presuntos responsables, la superintendencia canceló algunas de las licencias de las empresas de seguridad salpicadas en la auditoría. Sin embargo, SEMANA constató que la mayoría de ellas siguen prestando servicios de vigilancia y escoltas en Medellín, Cali y Bogotá, pese a las restricciones que tienen.

Para Gustavo Niño Furnieles, exviceministro de Defensa, estas denuncias representan un peligro para la seguridad nacional y tendrían efecto en el comportamiento del orden público: “Es gravísimo solo la mención de esto. Nunca había pasado, por lo menos en el siglo XXI. El mayor riesgo que hay acá es que grupos armados organizados se aprovechen de la potestad del Estado, bajo engaños, para poder apoderarse de armas legales y, con eso, aumentar la violencia y amenazar la seguridad nacional. ¿Sucedió cuándo? En esta superintendencia”.

Precisamente, hay evidencias de que el Clan del Golfo estaría utilizando empresas de seguridad privada para acceder a armamento de manera legal, al igual que las disidencias de las Farc. Fuentes judiciales reconocieron que hay empresas investigadas por los presuntos nexos con criminales y, de momento, la superintendencia no habría suspendido las licencias pese al abundante material probatorio.

Aunque no es tarea de la superintendencia vigilar el flujo del armamento en Colombia, expertos consideran que sí sería la puerta de ingreso de las estructuras que, mediante empresas de seguridad privada, buscan pistolas y municiones para afianzar sus economías ilegales y hacerle contrapeso al Estado. El Ejecutivo es consciente de eso: no hay control sobre las armas y uno de los problemas estaría en la SuperVigilancia, por lo que se pidió continuar con las investigaciones, ordenar la casa y encontrar a los responsables.

¿Se perdió información en la SuperVigilancia?

La supuesta emisión irregular de licencias no sería el único inconveniente en la SuperVigilancia. Varias fuentes en el interior de la entidad dieron cuenta de que el pasado 17 de marzo ocurrió un incidente con el aplicativo ESigna, el mismo en el que no encontraron el respaldo documental de los 18 permisos que protagonizan la polémica, que sufrió graves daños por falta de mantenimiento.

“La superintendencia se quedó sin sistema de gestión documental, situación que desencadenó la pérdida de expedientes, procesos y documentos de alta importancia para el correcto funcionamiento de la entidad, entre los cuales se destaca como información perdida las licencias de funcionamiento de las empresas de seguridad y vigilancia del país”, dijo una de las fuentes.

La superintendente Parra Moscoso reconoció el problema técnico en el sistema de apoyo de gestión documental, pero negó los estragos narrados: “La afectación al sistema generó retrasos operativos puntuales en la gestión digital de documentos, especialmente en tareas asociadas a firma electrónica y consulta ágil. La entidad mantuvo la continuidad de sus funciones”.

La Fiscalía General de la Nación tiene la lupa puesta sobre la Superintendencia Nacional de Vigilancia y Seguridad Privada y, hasta ahora, no ha notificado a los denunciados de los procesos que llevaría en su contra.