Hay alarma por impunidad en UNGRD: exigen que la Corte Suprema de Justicia cite a la fiscal Luz Adriana Camargo

El país le pide explicaciones a la fiscal Luz Adriana Camargo. Cada vez crecen más las voces que alertan sobre su falta de imparcialidad en uno de los procesos más estructurales de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro, el de la UNGRD. Dos de los personajes que han prendido el ventilador, Sandra Ortiz y Olmedo López, reclaman que el ente acusador no quiere recibir la verdad que han contado sobre cómo este entramado involucró a lo más granado del poder. SEMANA reveló, en su última portada, que además la fiscal mintió cuando dijo que no había intervenido en la negación de esos preacuerdos. Documentos, revelados por este medio, demostrarían que eso es falso.

Ante esa preocupante situación, hay un camino que cada vez toma más fuerza: que la Corte Suprema de Justicia revise si la fiscal está actuando presa de un conflicto de interés. Así lo asegura el exministro Luis Felipe Henao, en una columna para el diario El Tiempo.

El jurista asegura que “las actuaciones —y, sobre todo, las omisiones— de la fiscal Camargo ponen en entredicho su imparcialidad. Mientras los procesos contra familiares y aliados del presidente Petro avanzan con una lentitud desesperante, los casos contra miembros de la oposición caminan con inusitada celeridad. ¿A qué obedece esta selectividad?“, se pregunta el exfuncionario.

“La Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de actuar. Debe citar a la fiscal Camargo y evaluar si sus conflictos de interés están afectando los procesos más sensibles del país. Porque si una fiscal le responde a un jefe distinto al de la ley, el sistema entra en crisis. Y no hay democracia que resista una justicia subordinada al poder político”, agrega.

Henao recuerda los grandes temas que gravitan hoy sobre la fiscal Camargo. Específicamente, han sido dos los testigos estrella que han hecho pública su desconfianza sobre el papel de la funcionaria en ese escándalo.

“Mientras la Corte Suprema ya ha capturado a expresidentes del Congreso como Iván Name y Andrés Calle, la Fiscalía no logra concretar acuerdos de colaboración con quienes ya aceptaron su responsabilidad. El preacuerdo con Olmedo López fue rechazado por un juzgado de Bogotá, y el principio de oportunidad de Sandra Ortiz permanece bloqueado”, asegura.

El caso de Sandra Ortiz es llamativo. En una reveladora entrevista en SEMANA, la exfuncionaria se fue de frente contra la fiscal Camargo y dijo que era claro que tenía un interés en que el caso no se resolviera. “Sí, lo tiene, porque parece que sí quiere proteger a alguien. Entonces, esta justicia se vuelve selectiva, para unos sí y para otros no”, dijo.

“Demasiado sospechoso. ¿Qué quieren ocultar o a quién quieren proteger? Eso es lo que a mí me preocupa realmente... Creo que la Fiscalía tiene algún interés y hay mucha gente poderosa afuera que me quiere callar, con mucho dinero, que permean todo, permean la justicia, están en todas partes”, agregó.

En el caso de Camargo, la Fiscalía no aceptó el principio de oportunidad y la UNP le quitó la protección a la hija de Ortiz la semana pasada, justo después de que decidió contarle al país que algo pasaba en su proceso.

Pero también el de Olmedo López. El exdirector de la entidad hizo público este domingo un documento que le había enviado a la fiscal Camargo. “Tras la improbación del preacuerdo, no solo vi cómo se desmoronaba una esperanza jurídica, sino cómo se desvanecía el respaldo que, como testigo colaborador, esperaba recibir del ente acusador. La ausencia de apelación por parte de la Fiscalía no fue solo una decisión procesal: fue un silencio que grita, que deja al colaborador sin escudo frente a quienes fueron señalados por su voz”, asegura en la misiva.

Olmedo se lamenta de lo que vive. Narra que ha hablado sobre los principales protagonistas del escándalo, quienes gracias a su relato, se han visto forzados también a entregar el suyo. Y asegura que, sin embargo, hoy lo embargan sentimientos de “preocupación, tristeza y dolorosa decepción, al sentirme abandonado por la misma institucionalidad a la que decidí entregarle mi verdad”. La Fiscalía tampoco aprobó ese preacuerdo.

Henao asegura que, mientras esto pasa, otros casos contra el Gobierno están frenados. Menciona que no se conocen avances contra Ricardo Bonilla (Hacienda) y Fernando Velasco (Interior). “Para ellos, el limbo jurídico en que se encuentran los principios de oportunidad de sus subalternos es funcional: sin colaboración, no hay pruebas; sin pruebas, no hay condenas. La narrativa oficial puede seguir siendo la de un ‘acto aislado’ de Olmedo López”, dice.

Y también enlista otros casos. Uno de los principales, el de Nicolás Petro, el hijo del presidente, y la presunta financiación irregular de la campaña presidencial. Tampoco se han investigado las denuncias por tráfico de influencias hechas por el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes.

“Cuando la cabeza del órgano investigador se alinea con intereses políticos y no con los principios de justicia y legalidad, la institucionalidad entera se tambalea. No se trata de omisiones aisladas, sino de una política deliberada de dilación y favorecimiento que mina la credibilidad del Estado de derecho”, concluye.